El presidente Bush se pronunció en su día contra la construcción de un muro para blindar a la inmigración ilegal, sobre todo la mexicana, la frontera sur de EE UU. Pero los tiempos cambian y las circunstancias también. Y lo que pareció en su momento un proyecto descabellado de los republicanos ultraconservadores ha ido adquiriendo lustre político a medida que han aumentado las dificultades para el inquilino de la Casa Blanca y se aproximan las cruciales elecciones legislativas del 7 de noviembre. Así que Bush, que ahora considera la obra una cuestión de seguridad nacional, ha estampado su firma sobre la ley que autoriza la construcción de 1.125 kilómetros de valla (no se sabe si metálica, de alta tecnología informática o abrumadoramente hormigonada) a lo largo de cuatro Estados sureños para impedir el paso a cerca de medio millón de inmigrantes que lo intentan cada año, algunos al precio de su propia vida.

Quizá el muro de 2.000 millones de dólares no llegue a alzarse nunca, a la vista de la oleada de reclamaciones judiciales y políticas que se anuncia, dentro y fuera de EE UU. La decisión de construirlo ha provocado ya una avalancha de condenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de gobiernos iberoamericanos, comenzando por el de México, el más afectado.

Washington tiene derecho a asegurar sus fronteras e impedir que sean un coladero, pero la experiencia muestra hasta la saciedad que los muros no son el mejor modo de hacerlo. El fenómeno inmigratorio no es una guerra, aunque electoralmente sea rentable considerarlo como tal. Y no hay valla ni mar capaz de detener la desesperación de millones de personas decididas a encontrar un lugar en el mundo.